Nicaragua, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo

POR: Roberto Escobedo Caicedo

Fuente: Nicaragua Hoy

Daniel Ortega y Muamar Gadafi en un momento elocuente de su íntima vinculación. / Imagen de www.elsalvador.com

Recientemente salió publicado en diferentes medios de comunicación social, un Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la que pone de manifiesto la lista de países que no practican ninguna de esas actividades propias del crimen organizado, los que se han retirado de esas prácticas criminales y los que continúan practicándolas, cada día en mayor escala, a medida que aumenta el número de personas que se benefician de las mismas. Asimismo, el mencionado informe exhorta a la comunidad internacional a adoptar toda clase de medidas contra Irán y Corea del Norte, por persistir en su apoyo al terrorismo internacional y los programas que desarrollan para la fabricación de armas de exterminio masivo.

Como era de esperarse, la Nicaragua orteguista aparece mencionada en ese Informe del GAFI, como uno de los países que participa activamente en operaciones de blanqueo de dinero y contribuciones que destina para financiar actividades terroristas entre los grupos que en la década de los 70 del siglo pasado, cuando el FSLN operaba en la clandestinidad, le suministraron ayuda en su lucha contra el régimen de Somoza Debayle.

Es oportuno recordar que en ese entonces, Guillermo Mendieta Chávez, Coronel dada de baja de las filas de la Guardia Nacional de Nicaragua por conspirar y traicionar a su Alma Mater y compañeros de armas, fue designado por la Dirección Nacional del FSLN para firmar Acuerdos de ayuda, entrenamiento de células terroristas, suministro de armas y dinero con las organizaciones terroristas palestinas Pero esos acuerdos son de doble vía, por cuanto obligan a los firmantes, cuando uno de ellos ha alcanzado el poder en su respectivo país, a brindarle ayuda al otro. Tal es el caso de Nicaragua con las nuevas organizaciones terroristas, como son Al Qaeda y el Estado Islámico y Hezbollah, principalmente.

Además, los Contratos suscritos entre el aventurero chino, Wang Jing, representante del Generalato del Ejército de Liberación del Pueblo Chino y Daniel Ortega Saavedra, gobernante inconstitucional de Nicaragua, implican que organizaciones terroristas y otras dedicadas al tráfico de drogas procedentes de China Continental, se establecerán en nuestro desventurado país, mediante una operación silenciosa y tomando como pretexto que es personal técnico que participará en la ejecución del megaproyecto, el Gran Canal Interocéanico, el más reciente sueño faraónico del dictador nicaragüense.

Los orteguistas. para enmascarar sus perversas actividades, haciendo creer a la comunidad internacional que están contra el tráfico de drogas y el financiamiento de grupos terroristas que operan en diferentes países, redactaron y ordenaron a los dóciles diputados de la Asamblea Nacional que aprobaran la Ley 793, la que en el papel condena dichas actividades criminales.

Con bellas palabras manifiestan los orteguistas que el lavado de dinero, bienes y actos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo, constituye uno de los mayores problemas de la sociedad actual, por sus efectos negativos en la economía, el sistema de justicia y la gobernabilidad de los Estados, lo que afecta seriamente los sistemas democráticos de los países.

Que por tales motivos han decidido crear mediante la Ley 793 la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la que estará encargada de investigar el origen de todos los capitales que quieren trasladarse a bancos extranjeros, principalmente a los llamados “paraísos fiscales”. Para su funcionamiento y operación, la UAF contará con un Director o Directora, lo mismo que un Subdirector o Subdirectora, los que serán nombrados por el Presidente de la República. Tendrá las características de un ente autónomo del Estado, con patrimonio propio que se le asignará en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Las autoridades de la UAF, según dice su Ley Creadora, deberán ser ciudadanos honestos, mayores de 30 años, moralmente solventes, profesionales graduados en ciencias jurídicas, economía o administrción de empresas. Además, establece que la máxima autoridad de la UAF deberá ser un miembro activo de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua.

Quienes participan más activamente en el tráfico de drogas por el territorio nacional, su reexportación a los Estados Unidos a través de los cárteles mexicanos, son precisamente los encargados de perseguir a los que se dedican a tan criminales actividades, es decir, los altos jefes de la Policía y Ejército Popular Orteguista. Sus efectivos quiebran a las bandas rivales, confiscándoles el dinero en efectivo, drogas, vehículos. Ponen a los detenidos a la orden de las autoridades judiciales para que luego estos reciban su buena “coima” para imponerles una sentencia simbólica y que mediante fallos procesales cometidos adrede por el juez que conoce del asunto en primera instancia, un tribunal superior declare nulo todo lo actuado, ordenando en consecuencia poner en libertad a los narcotraficantes.

El dinero se lo reparten entre los altos mandos de la Policía y del Ejército Popular Orteguista, entregando la “tajada del león” al jefe absoluto de la mafia que ha impuesto una dictadura fascista al pueblo nicaragüense, Ortega Saavedra. Los vehículos y una parte del dinero incautado lo entregan a los jueces y magistrados orteguistas, los que se caracterizan por cumplir a rajatabla con las órdenes recibidas del secretario general del FSLN.

Las organizaciones terroristas del Cercano Oriente, las mismas que ayudaron económicamente y con armas al FSLN cuando operaban en la clandestinidad, están sacándole ahora réditos a la inversión que realizaron en el pasado. Miles de terroristas procedentes de esos países se entrenaron en Nicaragua durante la primera dictadura sandinista y luego regresaron a sus respectivos países. De ese núcleo de terroristas altamente capacitados surgieron muchos de los cuadros de Al Qaeda, Hezbollah y ahora del Estado Islámico, los que predican el odio a muerte contra los países occidentales y sus formas de vida y de gobierno. ¿Cuándo Ortega Saavedra ha condenado esos actos de barbarie que realizan los elementos más radicales de Al Qaeda y el Ejército Islámico decapitando a sus indefensas victimas y filmándolo todo para sembrar el terror entre quienes consideran sus enemigos?

Ortega Saavedra nombró como Director General de la Unidad de Análisis Financiero Internacional (UAFI), a un oscuro General del Ejército Popular Orteguista. Se trata de Denis Membreño, el que desde los años 80 del siglo pasado se ha caracterizado por rendirle una desmedida pleitesía al secretario general del FSLN, participando en el pasado en operaciones punitivas contra los efectivos de las Fuerzas de Tareas de la Resistencia Nicaragüense y en la implementación de las Navidades Rojas, el exterminio metódico y sistemático de la etnia miskita de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Es uno más de los egresados de los cursos sabatinos de las universidades de zaguán, lo que pone de manifiesto su mediocre preparación académica.

Como es natural, Denis Membreño y el personal subalterno del GAFI, clasificarán como dinero procedente de actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, la repatriación de utilidades que realicen los inversionistas extranjeros y el de todos los compatriotas que vendan sus propiedades en Nicaragua, decidiendo establecerse en otro país. En ambos casos les exigirán cuantiosas “mordidas” para que no corran el riesgo que les confisquen su dinero, pero en cambio brindarán todas las facilidades del caso para que los altos jefes del Ejército Popular Orteguista, Policía Orteguista y miembros de la mafia orteguista, saquen todo el dinero que tengan por su participación en el tráfico de drogas y el que destinan al financiamiento del terrorismo, principalmente en el Medio Oriente, región conflictiva donde los países occidentales luchan por erradicar a las organizaciones terroristas de mayor beligerancia.

Entre Irán y la Venezuela chavista existe un puente aéreo dedicado al transporte de drogas y de terroristas, lo que confirma que el ALBA es una organización promotora del terrorismo internacional y del crimen organizado. De Venezuela se trasladan luego drogas y expertos terroristas a Nicaragua, donde entregan cocaína y heroína a los intermediarios del Ejército y Policía Orteguista para su posterior traslado a territorio de los Estados Unidos a través de los cárteles mexicanos. Estas actividades generan pingües utilidades a los miembros de la mafia orteguista.

Las relaciones entre los capos colombianos de las drogas y la mafia del FSLN se inició desde los años 80 del siglo pasado, específicamente entre Pablo Escobar Gaviria y los Comandantes de la Robolución Popular Sandinista. Los contactos iniciales fueron concertados por un Comandante del Grupo Terrorista MR-20 y desde entonces el territorio nicaragüense ha sido zona de tránsito de las drogas producidas en Colombia y otros países de América del Sur. Todos recordamos las fotografías tomadas por un avión espía U-2 de los Estados Unidos, cuando sobrevoló el aeropuerto de Los Brasiles, apareciendo como supervisores de operaciones de cargar una avioneta, Tomás Borge Martínez, Ministro del Interior; su asistente, Federico Vaughan Loredo y el propio Pablo Escobar Gaviria.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del régimen orteguista no es más que un organismo de fachada, creado para cumplir determinados compromisos internacionales, pero que en la práctica no hará más que justificar el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y actividades conexas, facilitando la entrega de dinero a los grupos terroristas más beligerantes de Oriente Medio.

Además, el régimen orteguista nunca aprobará medidas contra Irán y Corea del Norte, como lo destaca en su Informe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que colabora activamente con ellos en la comercialización de las drogas que producen a escala planetaria y en el financiamiento del terrorismo.

Es tiempo ya de que las oficinas especializadas de los Estados Unidos, DEA, FBI, CIA, informen al Presidente Obama y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras del respectivo Congreso de las actividades criminales que promueven Ortega Saavedra y sus entornos mafiosos, las que ponen en peligro la seguridad interna y externa de la Gran Potencia del Norte de América